Deborah Blackburn llegó apoyada en su bastón a la fila de acceso al Central High Cultural and Educational Complex, en Goochland, Virginia. Venía a escuchar —y a protestar— por un proyecto que podría transformar para siempre el paisaje que ve desde su finca.
Lo que está en juego es una línea de transmisión eléctrica de casi 170 kilómetros, sostenida por torres de entre 40 y 50 metros de altura, que atravesaría el corazón agrícola del estado. La pregunta que flotaba esa tarde entre los vecinos era incómoda: ¿quién asume realmente el coste del apetito energético de la inteligencia artificial?
Un proyecto que atraviesa el corazón agrícola de Virginia
El proyecto se llama Valley Link y su escala resulta difícil de ignorar. Es una línea de transmisión de 765 kilovoltios —la primera de ese voltaje en la zona de Dominion Energy— que recorrería más de 160 kilómetros sobre torres equivalentes a edificios de doce plantas. Las franjas de terreno despejado bajo las torres tendrían la anchura de dos campos de fútbol americano.
El trazado partiría de la subestación Joshua Falls, en el condado de Campbell, unos 185 kilómetros al oeste de Richmond, y avanzaría hacia el noreste a través del Piamonte agrícola hasta la subestación Yeat, en el condado de Culpeper. PJM Interconnection, el operador regional de la red, aprobó el proyecto en 2025 dentro de su Plan Regional de Expansión.
El coste estimado ronda los 1.000 millones de dólares. La línea conectaría Virginia con la red de 765 kV que ya opera en Míchigan, Indiana y Ohio, transportando más de seis veces la electricidad que las líneas convencionales de 138 kV a las que en parte sustituye.
Los centros de datos: el motor invisible detrás de las torres
El norte de Virginia está considerado la capital mundial de los centros de datos. Amazon, Meta, Microsoft y Google concentran allí una parte significativa de su infraestructura digital, y esa concentración tiene consecuencias directas sobre la red eléctrica regional.
Dominion Energy impulsó Valley Link tras recibir un volumen masivo de solicitudes de conexión procedentes de centros de datos. Jon Gordon, director sénior de Advanced Energy United, lo explica sin rodeos: «Los centros de datos han cambiado realmente el mapa de la red. Han creado enormes focos de demanda en lugares inesperados». El coste del proyecto no lo asumirá únicamente la empresa promotora: según Gordon, repercutirá de forma progresiva en las facturas de los consumidores a través de los cargos de transmisión, conforme la infraestructura entre en servicio.
Tierras, herencia y sustento: lo que los vecinos temen perder
Los residentes de nueve condados —Campbell, Appomattox, Buckingham, Fluvanna, Goochland, Louisa, Spotsylvania, Orange y Culpeper— se enfrentan a servidumbres sobre sus propiedades y posibles expropiaciones por la vía de la utilidad pública. Las preocupaciones van bastante más allá de la compensación económica.
Preservation Virginia incluyó varios de estos condados en su lista de lugares históricos en peligro en 2026, al constatar que el proyecto podría afectar a once distritos históricos y siete campos de batalla. Tanto la Louisa County Farm Bureau como el Piedmont Environmental Council denuncian la pérdida de tierras agrícolas y entornos naturales que sostienen el modo de vida rural. La respuesta institucional más contundente llegó del condado de Louisa, que en mayo destinó 250.000 dólares a gastos legales para combatir el proyecto. «Este consejo escucha a sus ciudadanos», declaró el presidente de la junta supervisora, Duane Adams.
La gobernanza local: ordenanzas, demandas y distancias regulatorias
En noviembre, el condado de Goochland aprobó un distrito de superposición tecnológica para limitar la expansión de los centros de datos a determinadas zonas. Vecinos afectados han recurrido la medida ante los tribunales, argumentando que crea un doble rasero: en algunas parcelas de uso industrial ligero dentro del distrito se exige un permiso condicional, mientras que en otras basta con cumplir ciertos requisitos para construir sin audiencia pública.
La decisión definitiva sobre la ruta y el permiso de construcción corresponde a la State Corporation Commission de Virginia, que tiene previsto revisar el trazado seleccionado en septiembre. Antes de esa fecha se celebrarán reuniones públicas entre finales de mayo y principios de junio. Dominion defiende el proyecto como una necesidad de fiabilidad de la red y de conectividad interestatal, no exclusivamente como un servicio a los centros de datos. «Esto impulsa nuestra conectividad con otros estados», señaló el portavoz Craig Carper.
Entre la energía del futuro y las preguntas sin respuesta
La incertidumbre sobre las fuentes de energía añade otra capa al debate. Appalachian Power estudia instalar un reactor nuclear modular pequeño cerca de la subestación Joshua Falls —una tecnología que aún no ha sido desplegada comercialmente y que los promotores contemplan para los primeros años de la década de 2030.
Anne Dennis, de 40 años y residente en Goochland, resume la perplejidad de muchos vecinos: más allá del reactor, nadie sabe con certeza de dónde vendrá la electricidad que circulará por las nuevas líneas. «Me siento muy poco informada», reconoció. «Ojalá dieran un paso atrás». Críticos del proyecto reclaman una pausa en el desarrollo de centros de datos para evaluar el impacto real de estas infraestructuras y garantizar que la expansión sea compatible con los objetivos de energía limpia.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses —en la State Corporation Commission, en los tribunales locales y en las reuniones públicas— determinarán si comunidades como la de Deborah Blackburn logran influir en el trazado o si las torres llegan de todos modos. Como resumió Sarah Schmidtke, de 64 años, mirando los campos al atardecer: «Este es el cambio que se acerca».