Chequita Surles-Johnson llegó con su silla de camping. La plantó en el aparcamiento de una antigua escuela del condado de Lowndes, Alabama, justo al otro lado del cordón policial que separaba a los vecinos de los representantes de una empresa tecnológica llegados desde Seattle. No pensaba moverse.
La escena ocurre a pocos metros de la Highway 80, la misma carretera por la que Martin Luther King encabezó en 1965 una marcha de 54 millas exigiendo el derecho al voto. Seis décadas después, ese suelo histórico es el escenario de otra disputa: una empresa quiere construir aquí uno de los mayores centros de datos de inteligencia artificial del país, en un condado donde todavía hay familias sin saneamiento básico.
Una silla de camping frente a la IA
Dentro de la cafetería, los representantes de Cloverleaf Infrastructure intentaban explicar su proyecto. Fuera, Surles-Johnson no se movía. Agricultora, conductora de autobús escolar y propietaria de un diner familiar sobre la misma Highway 80 donde se levantaría el centro de datos, lleva casi tres décadas en Lowndes County. Ha escuchado antes ese tipo de promesas que llegan desde fuera y desaparecen sin dejar rastro.
«Tenemos un nombre para ese tipo de afirmaciones», dijo. «Las llamamos mentiras.»
El ambiente dentro de la antigua cafetería no era más cordial. Decenas de vecinos llevaban camisetas con una cita del propio directivo de Cloverleaf. La jornada de puertas abiertas, convocada para ganar apoyos, se convirtió en un interrogatorio incómodo. El mensaje que resonó una y otra vez fue el mismo: «We don’t want it here.»
Qué es el Proyecto Red Clay y qué demanda
El Proyecto Red Clay contempla un campus de centros de datos de más de 280.000 metros cuadrados en total. Los planos incluyen cuatro edificios de 66.890 metros cuadrados cada uno, un almacén y unas oficinas, todo ello sobre unas 800 acres de suelo rural en el cruce de la Highway 80 con la Ruta 21.
Las cifras de consumo son notables. Cloverleaf ha solicitado a Alabama Power 1.500 megavatios de capacidad energética, suficiente para abastecer cerca de un millón de hogares. Al sistema rural Pintlala Water System le ha pedido hasta 100.000 galones de agua al día, el equivalente al suministro de cientos de viviendas. La empresa aún no ha cerrado acuerdo con el usuario final del campus, probablemente una gran tecnológica, y ese acuerdo determinará las especificaciones definitivas. Mientras tanto, muchas preguntas permanecen sin respuesta.
Tierra histórica, pobreza real
El tramo de la Highway 80 donde se ubicaría el centro de datos no es suelo cualquiera. Está designado sendero histórico nacional y, en 2022, el condado de Lowndes lo rebautizó como Robert Mants Memorial Highway en honor al activista Bob Mants, nativo del condado y secretario del Comité Coordinador No Violento Estudiantil en los años sesenta. A poco más de un kilómetro del emplazamiento previsto se encuentra la finca donde los marchantes de 1965 acamparon de camino a Montgomery.
Lowndes County tiene más de un 70% de población negra y alrededor de una cuarta parte de sus residentes vive por debajo del umbral federal de pobreza. La familia Mants lo expresó sin rodeos en una carta a los comisionados del condado: «Esta tierra no es desechable. Es histórica, cultural y es nuestro hogar.»
Sin alcantarillado pero con megavatios para la nube
Perman Hardy tiene 67 años y ha vivido toda su vida en Lowndes County. Su pregunta es directa: «¿Cómo puedes traer este tipo de instalación aquí cuando todavía hay personas con aguas residuales en el jardín?»
No es una hipérbole. En 2017, Philip Alston, entonces relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, visitó Alabama y documentó viviendas rurales rodeadas de aguas residuales por la rotura o ausencia de sistemas sépticos; señaló además que el Departamento de Salud del estado desconocía cuántas familias vivían en esas condiciones. Durante la administración Biden se alcanzó un acuerdo federal para mejorar el saneamiento rural en Alabama. En 2025, la administración Trump canceló ese programa, calificándolo de «DEI ilegal». Las autoridades locales y las eléctricas, mientras tanto, se muestran dispuestas a acoger una infraestructura tecnológica de gran escala. La contradicción no pasa desapercibida para nadie en el condado.
Promesas, contratos y la cita que se volvió contra la empresa
Ann Burgwin Faulkner se enteró del proyecto por rumores. Desde entonces, ella y otros vecinos comenzaron a investigar por su cuenta todo lo que pudieron sobre centros de datos e inteligencia artificial, y cuanto más aprendían, más firme se volvía su oposición.
La estrategia de las camisetas fue su respuesta más visible. Imprimieron en ellas unas palabras que Michael Evans, directivo de Cloverleaf, había escrito en un correo a autoridades de Míchigan sobre otro proyecto de la empresa: «Cloverleaf no trabajará en comunidades donde este tipo de desarrollo no sea bienvenido.» Una frase que, en Hayneville, se convirtió en argumento.
La empresa respondió con gestos parciales. Danielle Decatur, vicepresidenta de comunicación, confirmó que el campus usará un sistema de enfriamiento de circuito cerrado para reducir el consumo de agua, y añadió que cualquier compromiso público quedará vinculado contractualmente al usuario final. Los compromisos definitivos, insistió, deben esperar a que ese acuerdo se cierre.
Cuando Decatur terminó su intervención, Faulkner le preguntó de dónde era. De Seattle, respondió. Antes había trabajado en Microsoft.
«Sois muy amables», dijo Faulkner, sonriendo. «Pero no os queremos aquí.»
Lo ocurrido en ese aparcamiento de Hayneville es algo más que una disputa local sobre infraestructura tecnológica. Plantea una pregunta que muchas comunidades rurales, empobrecidas y de mayoría no blanca tendrán que afrontar en los próximos años: ¿quién decide dónde se construye la infraestructura que sostiene la economía digital, y a qué precio para quienes ya viven allí? En un tramo de carretera donde se luchó por los derechos más elementales, esa pregunta no suena abstracta en absoluto.