La Agencia Tributaria presume en sus planes oficiales de vigilar activamente los medios de comunicación para detectar fraudes fiscales de forma ágil. Sin embargo, cuando la detención de Julio Martínez —el empresario acusado de blanqueo que pagó al expresidente Zapatero— copó las portadas de toda España en diciembre, Hacienda no reaccionó ni en una semana, ni en un mes, ni en un trimestre.
Según su propio escrito a la Audiencia Nacional, la Agencia tardó seis meses en abrir cualquier actuación inspectora sobre Martínez y su entramado de empresas. Sobre el propio Zapatero, un mes entero. Una tardanza que sus propios inspectores veteranos califican de anomalía difícil de explicar.
El retraso que no encaja con el manual de Hacienda
Los planes oficiales de prevención del fraude fiscal son explícitos: la Agencia Tributaria debe «potenciar la utilización de Internet y otros medios de comunicación como fuente de información» para obtener datos actualizados sobre posibles deudores. No es una aspiración vaga. Es un compromiso institucional recogido en sus propios documentos.
La detención de Julio Martínez en diciembre de 2024 reunía todos los elementos para activar ese mecanismo. Era un empresario acusado de blanqueo de capitales con vínculos directos y documentados con un expresidente del Gobierno, y las portadas de los principales medios de España lo contaban con detalle. Pocas señales de alerta podían ser más claras.
Hacienda, pese a todo, no abrió ninguna actuación inspectora sobre Martínez hasta el 19 de junio de 2025. Seis meses después. Sobre el propio Zapatero, la primera inspección no llegó hasta el 9 de junio, un mes entero tras su detención. La distancia entre lo que el organismo dice que hace y lo que realmente hizo resulta difícil de justificar.
Idella Consulenza: una empresa en el radar judicial, ignorada por Hacienda
El juez José Luis Calama ya había encendido las alarmas en mayo. Su auto advertía de que Idella Consulenza, empresa de Martínez, podría contar con una filial en Dubái destinada a cobrar comisiones ilegales de Plus Ultra, y alertaba además de la existencia de otra filial en las Islas Vírgenes. Señales explícitas, recogidas en una resolución judicial pública.
Aun así, Hacienda no inició la inspección de Idella Consulenza hasta un mes después de ese auto.
Los inspectores veteranos no ocultan su malestar. «No es normal este retraso», razona uno de ellos. «La Agencia Tributaria siempre ha presumido de gestionar lo que publican los medios de comunicación de manera ágil. Que no lo haya hecho ahora es un evidente sesgo». Un segundo inspector con experiencia atenúa algo la gravedad y señala que la actuación llegó tras la imputación formal por delito fiscal. Pero incluso esa lectura más benévola deja sin respuesta el silencio previo ante los autos judiciales.
¿Orden desde arriba o iniciativa territorial?
Los indicios disponibles apuntan a que fueron las delegaciones territoriales de Madrid y la Comunidad Valenciana las que actuaron por iniciativa propia, sin que llegara ninguna orden desde la cúpula del organismo.
Un detalle sostiene esa hipótesis. Si la instrucción de investigar hubiera venido desde arriba, el Ministerio de Hacienda habría respondido con rapidez a la propuesta del juez de personarse en el caso, dado que la inspección ya estaba abierta días antes. La ambigüedad mostrada por el ministerio sugiere que la cúpula no sabía lo que sus propios inspectores territoriales ya habían puesto en marcha.
El ministro Arcadi España fue especialmente revelador. El 30 de junio compareció ante el Senado con respuestas vagas sobre el asunto, cuando sus inspectores llevaban tres semanas actuando. O no lo sabía, o prefirió no decirlo —y cualquiera de las dos opciones apunta a una descoordinación institucional de envergadura.
La prescripción, esquivada por poco
El retraso estuvo a punto de tener consecuencias irreversibles. El ejercicio fiscal de 2021, el más antiguo bajo investigación, rozó la prescripción. Solo la rápida actuación del juez tras el hallazgo de joyas en el despacho de Zapatero evitó que prescribiera un posible delito por ocultar 1,32 millones de euros.
El auto del juez Calama del 13 de junio sobre las joyas cerró además otra puerta: impidió que Zapatero intentara una regularización voluntaria para esquivar el proceso penal. La apertura de la inspección el 9 de junio, anterior a esa pieza separada, bloqueó también esa vía en el plano administrativo. Para no agotar los plazos antes de que concluya el proceso judicial, las delegaciones territoriales han pedido al juez que les permita suspender la inspección mientras se determina si existe delito penal. Un paso técnicamente prudente, aunque revela lo ajustado que ha sido todo el proceso.
La paradoja política: apoyo público y acción judicial simultáneos
Pedro Sánchez y el ministro Arcadi España han respaldado públicamente a Zapatero durante toda la investigación. Al mismo tiempo, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria —ambas dependientes del Gobierno— han aceptado personarse como perjudicadas en el caso, a propuesta del propio juez.
Zapatero, por su parte, sigue sin dar explicaciones. Ha superado el plazo que él mismo anunció públicamente sin ofrecer ninguna declaración que aclare su situación.
La coexistencia de apoyo político explícito y acción institucional contra un mismo individuo no tiene precedentes recientes fáciles de citar. Que un ciudadano pueda preguntarse si los organismos del Estado actúan con criterios técnicos o con criterios de conveniencia política es, en sí mismo, un síntoma que merece atención. No hace falta responder a esa pregunta para entender que el solo hecho de que sea legítimo plantearla dice mucho sobre el momento institucional que atraviesa la cuarta economía de la zona euro.