La presidenta encargada de Venezuela acude a los juzgados de Madrid para silenciar a un empresario español condenado por el Tribunal Supremo. Delcy Rodríguez ha iniciado los trámites para querellarse contra Víctor de Aldama después de que este afirmara, tanto en televisión como ante la Audiencia Nacional, que fue ella quien le entregó un sobre confidencial de PDVSA vinculado a la presunta financiación irregular del PSOE.
Para librar esa batalla legal, Rodríguez ha recurrido al despacho del ex juez Baltasar Garzón. Una elección que en el entorno de Aldama no ha pasado desapercibida.
El sobre que desató la batalla legal
El sobre en cuestión no es un documento menor. Su encabezamiento lo vincula a la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular del Petróleo y a Petróleos de Venezuela SA, y aparece marcado como «Confidencial». El remitente es el ministro Manuel Quevedo Fernández; la destinataria, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Aldama declaró ante la Audiencia Nacional en enero y marzo de este año que fue Rodríguez quien le entregó ese sobre. No se limitó a afirmarlo en televisión: lo aportó físicamente a la Justicia. Según el empresario, el contenido incluye documentación sobre un millonario cupo de petróleo relacionado con la presunta financiación irregular de la Internacional Socialista y del PSOE. La gravedad de esa afirmación explica tanto la reacción de Rodríguez como su urgencia.
Cómo la Guardia Civil rastreó el sobre
El sobre no llegó a los investigadores por casualidad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detectó al analizar las comunicaciones entre Aldama y su socio Luis Alberto Escolano, ambos investigados en el caso Hidrocarburos. En agosto de 2024, Escolano envió a Aldama fotografías del sobre que este le había reclamado, y esa cadena de mensajes alertó a los investigadores.
La UCO registró la vivienda de Escolano para incautarlo, pero el sobre ya no estaba allí. Los investigadores sospechan que Aldama lo retiró antes del registro, en una visita previa a la entrada y registro oficial.
La estrategia legal de Delcy: Garzón entra en escena
La respuesta de Rodríguez ha tomado forma de escrito de solicitud de conciliación previa a una querella por injurias, presentado en los juzgados de Madrid. El despacho elegido es Ilocad, el bufete del ex juez Baltasar Garzón, con quien Rodríguez mantiene una estrecha relación reconocida. Firma el escrito el abogado Pedro Javier Díaz Carreño, que actúa con poder especial otorgado por la propia Rodríguez.
La defensa exige que Aldama reconozca que sus afirmaciones son falsas y se retracte públicamente: que admita que no son ciertos los hechos afirmados en televisión y que corrija su versión sobre quién le entregó el sobre. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 50 ha fijado el acto de conciliación para el 16 de julio.
Aldama no cederá: el acto de conciliación, un trámite sin salida
Las fuentes cercanas a Aldama son tajantes: el acto se celebrará sin avenencia. El empresario no se retractará de ninguna de sus declaraciones y mantiene que fue Rodríguez quien le entregó el sobre relacionado con la presunta financiación irregular del PSOE.
Su entorno considera que la maniobra persigue un objetivo muy concreto: disuadirle de declarar en la pieza secreta abierta por los pagos en efectivo en la sede de Ferraz, donde Aldama es testigo clave. Si el 16 de julio no hay acuerdo —y todo apunta a que no lo habrá—, Rodríguez deberá interponer formalmente la querella penal por injurias para continuar por la vía judicial.
Las implicaciones más allá del sobre
El entorno de Aldama califica de «temeraria» la pretensión de Rodríguez, y va más lejos: denuncia una presunta injerencia del PSOE para silenciar al empresario antes de que pueda aportar más información sobre la supuesta financiación ilegal del partido a través de cupos de petróleo venezolano.
La elección del despacho de Garzón —con vínculos reconocidos con el chavismo— es considerada «muy significativa» por los allegados de Aldama. No la ven como una coincidencia.
El caso sitúa en el centro del debate la relación entre Venezuela, PDVSA y la financiación de partidos políticos europeos, mientras la pieza secreta de la Audiencia Nacional permanece abierta. Lo que ocurra el 16 de julio marcará el siguiente paso: si Rodríguez formaliza la querella, el enfrentamiento judicial entre la presidenta encargada de Venezuela y el empresario condenado por el Supremo entrará en una fase mucho más visible. Aldama, por su parte, ha dejado claro que no piensa retirarse.