Durante décadas, la silla de ruedas motorizada capaz de moverse sola ha sido más promesa que realidad para quienes más la necesitan. Este año, dos productos han llegado al mercado estadounidense sin receta médica ni cobertura de seguro: la Robooter, conectada por app, y la Strutt EV1, equipada con sensores que le permiten navegar de forma autónoma.
Para muchos, parecen un avance largo tiempo esperado. Pero clínicos, ingenieros y activistas llevan años haciéndose la misma pregunta: ¿«inteligente» según quién, y a qué precio real?
Dos productos, dos visiones de lo que significa ser «inteligente»
Robooter llegó al mercado estadounidense en marzo con dos modelos de silla motorizada: la E80, fabricada en fibra de carbono, y la E60-Pro, todo terreno. Ambas ofrecen control por aplicación móvil, plegado automático y un modo para usuarios sin experiencia. No requieren prescripción médica ni negociación con ningún seguro.
La Strutt EV1 va más lejos en lo tecnológico. Combina lidar y cámaras para construir un mapa del entorno en tiempo real y permite al usuario seleccionar un destino: la silla navega sola. Strutt deja claro en su propia web que el EV1 no es un dispositivo médico, lo que lo excluye de los circuitos clínicos.
Ambos productos representan apuestas distintas hacia una misma promesa. Ninguno ofrece todavía lo que los especialistas consideran imprescindible: autonomía real, seguridad certificada y personalización clínica.
El problema de la seguridad: navegar no es suficiente
Christian Mandel, investigador del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial, lo formula con precisión: «La navegación autónoma es resoluble. Lo que queda por hacer es demostrar que es segura, que tolera los fallos, de forma que cumpla con la regulación de dispositivos médicos. Algo que la silla de Strutt no hace».
La fisioterapeuta Ginny Paleg ha visto ese problema sobre el terreno. En aeropuertos observa habitualmente sillas autónomas comerciales que se detienen ante una sombra, no frenan a tiempo o necesitan que un adulto las reinicie. La distancia entre «funciona en una demostración» y «funciona de forma fiable para alguien con discapacidad» sigue siendo considerable.
Sin certificación como dispositivo médico, no existe un marco regulatorio que garantice el comportamiento del sistema en todas las condiciones posibles. Esa ausencia no es un tecnicismo: es el núcleo del problema.
Lo que el modelo de venta directa al consumidor no puede ofrecer
Paleg plantea una pregunta directa: ¿cómo puede una persona con discapacidad montar sola una silla que llega en una caja? «Hay que saber si esa persona tiene deterioro cognitivo, visual o intelectual», dice. «Hay que saber qué necesita». Sin evaluación profesional previa, el producto puede ser inútil o incluso peligroso.
El canal de venta directa también elimina opciones de personalización que para muchos usuarios no son accesorias. Asientos moldeados para prevenir úlceras por presión, sistemas de control mediante la boca o la cabeza, suspensión adaptada al terreno exterior, reposapiernas programables. Nada de esto llega con un pedido online.
Pooja Viswanathan, directora ejecutiva de Braze Mobility, lo resume con claridad: «No existe el usuario medio de silla de ruedas». Las necesidades físicas, cognitivas y sensoriales varían enormemente entre personas, y también cambian con el tiempo. El futuro, sostiene, pasa por sistemas adaptativos e individualizados. Hay además una pregunta sin respuesta en el modelo de comercio electrónico: si un niño cae de la silla comprada online, ¿quién responde?
¿Quién queda fuera cuando la tecnología avanza sin regulación?
Heather Feldner, profesora de Medicina de Rehabilitación en la Universidad de Washington, reconoce que el acceso directo al consumidor tiene valor. Permite a quienes tienen medios económicos saltarse un sistema de seguros que con frecuencia deniega la cobertura de equipos especializados. «Es estupendo que un consumidor pueda decir: esto es lo que necesito y puedo accederlo sin pasar por esos canales», afirma.
Pero quienes no tienen esos medios siguen dependiendo del sistema. Y ese sistema sigue fallando.
El debate reproduce el de los vehículos autónomos: la tecnología avanza, pero la regulación y la equidad van rezagadas. Existen ejemplos de que otro camino es posible. En Australia, Control Bionics vende el módulo DROVE con autorización regulatoria; en Europa, Munevo ha obtenido certificación médica en la UE y en Estados Unidos para su sistema de control por cabeza. Ninguno se vende directo al consumidor, pero ambos demuestran que la certificación es alcanzable.
La silla de ruedas verdaderamente inteligente aún no existe
El dispositivo que Feldner, Paleg y Viswanathan esperan —autónomo, seguro, certificado, prescribible y accesible para quienes más lo necesitan— no existe todavía en ningún mercado. Robooter y Strutt apuntan en la dirección correcta, pero también muestran con nitidez la distancia que queda entre innovación tecnológica y utilidad clínica real.
Llamar «inteligente» a una silla de ruedas porque tiene app o lidar es, en cierto modo, responder la pregunta equivocada. La pregunta correcta es si ese producto mejora la vida de las personas con discapacidad de forma segura, personalizada y equitativa.
Esa conversación no puede tenerla solo la ingeniería. Necesita a los clínicos, a los reguladores y, sobre todo, a las personas con discapacidad. Una tecnología diseñada sin ellas difícilmente puede decir que es para ellas.