Un abogado entregó al juez un trofeo dorado de trasero de burro. Fuera del tribunal, un manifestante paseaba disfrazado de Elon Musk con una bolsa de ketamina y un Cybertruck de cartón. Dentro, fotos estilo ficha policial de Musk y Sam Altman se proyectaban en pantalla gigante ante el jurado.
Así concluyó la fase de testimonios del juicio más singular del mundo tecnológico. El jurado debe deliberar ahora sobre una pregunta que trasciende a los dos protagonistas: quién controla realmente el desarrollo de la IA más poderosa del mundo. Con 134.000 millones de dólares en juego, la respuesta podría redefinir el futuro de OpenAI.
La semana final: credibilidad en el banquillo
Los alegatos finales no giraron en torno a la inteligencia artificial ni al futuro de la humanidad. Giraron sobre quién miente más. El abogado de Musk, Steven Molo, construyó su argumento sobre la fiabilidad de Sam Altman: «Imagina que estás de senderismo y llegas a un puente de madera sobre un barranco. Una mujer te dice: «No te preocupes, el puente está construido sobre la versión de la verdad de Sam Altman». ¿Cruzarías ese puente?». Altman, sentado detrás de sus abogados, levantaba la vista con incomodidad cada vez que escuchaba su nombre.
Altman respondió pintando a Musk como alguien movido por el poder, no por la filantropía. Declaró que en 2017, cuando los cofundadores debatían la posibilidad de crear una rama lucrativa, alguien preguntó a Musk qué ocurriría con su control si él moría. La respuesta, según Altman: «Quizás el control de OpenAI debería pasar a mis hijos». Una frase que, de ser cierta, dice bastante sobre las verdaderas ambiciones del demandante.
Molo contraatacó recordando que varios exdirectivos de OpenAI —entre ellos Ilya Sutskever y Mira Murati— y exmiembros del consejo declararon que Altman les había mentido. En 2023, Altman fue brevemente destituido como CEO precisamente por ese motivo. Musk, en cambio, no estuvo presente el último día del juicio: pese a la orden judicial de permanecer disponible, viajó a China junto al presidente Trump.
¿Prometió Altman mantener OpenAI sin ánimo de lucro?
La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, fue tajante: ningún testimonio ni prueba demostró que existieran condiciones sobre las donaciones de Musk ni compromisos explícitos de mantener la estructura sin fines de lucro. «No se hicieron compromisos ni promesas. No se impusieron restricciones a las donaciones del señor Musk», afirmó. Argumentó además que en 2017 fue el propio Musk quien intentó crear una filial lucrativa y batalló con determinación por controlarla.
Eddy sostuvo también que Musk presentó la demanda fuera de plazo. OpenAI creó su filial lucrativa en 2019, pero Musk no demandó hasta 2024. Él explicó que no descubrió el abandono de la misión sin ánimo de lucro hasta 2022, cuando supo que Microsoft se preparaba para invertir 10.000 millones de dólares. «Me perturbó ver a OpenAI con una valoración de 20.000 millones», le escribió entonces a Altman. «Esto es un engaño».
Molo insistió en que el acuerdo de 2023 con Microsoft fue cualitativamente distinto a cualquier estructura previa. Para la defensa de Musk, ese momento marcó el punto de no retorno: la filial lucrativa había dejado de ser la cola para convertirse en el perro.
¿Sigue siendo OpenAI una organización sin ánimo de lucro?
Eddy defendió que la entidad sin fines de lucro sigue controlando la compañía y que, gracias a su filial, OpenAI es «la organización sin ánimo de lucro con más recursos del mundo». Molo rebatió que ese control es puramente nominal: siete de los ocho miembros del consejo de la entidad sin ánimo de lucro forman parte simultáneamente del consejo de la filial lucrativa, lo que elimina cualquier supervisión independiente real.
Jill Horwitz, profesora de derecho de la Universidad Northwestern especializada en organizaciones sin fines de lucro, lo resumió sin rodeos: la entidad carece de voz, apenas tiene fondos propios, contrató empleados solo un mes antes del juicio y OpenAI no considera tener obligación de financiarla. «Es difícil entender cómo se supone que la entidad sin ánimo de lucro puede ejercer sus funciones y controlar toda la compañía», señaló.
Grupos de la sociedad civil y fiscales generales de varios estados han pedido a la Comisión de Bolsa y Valores que revise los posibles conflictos de interés de Altman con empresas que hacen negocios con OpenAI. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrió una investigación al respecto la semana pasada.
El trofeo de burro y el circo fuera del tribunal
El momento más llamativo llegó el último día de testimonios. El abogado de OpenAI, Bradley Wilson, entregó a la jueza un pequeño trofeo dorado de trasero de burro con la inscripción: «Nunca dejes de ser un burro por la seguridad». La jueza Yvonne Gonzalez Rogers lo miró y respondió sin rodeos: «No lo quiero».
El trofeo pertenecía a Joshua Achiam, futurista jefe de OpenAI. En 2018, cuando Musk anunció que dejaba la organización para acelerar hacia la inteligencia artificial general, Achiam advirtió de que la velocidad podría comprometer la seguridad. Musk le llamó «jackass». Sus colegas —entre ellos Dario Amodei, hoy CEO de Anthropic— le fabricaron el trofeo para reivindicar su postura.
Fuera del juzgado en Oakland, el espectáculo no amainaba. Un manifestante paseaba disfrazado de Musk con una bolsa de ketamina y un Cybertruck de cartón; otro sostenía una foto de Altman junto a un cartel que advertía: «Parad la IAG o todos vamos a morir». El juicio más serio del sector tecnológico se había convertido también en su carnaval más estrafalario.
Lo que está en juego más allá del veredicto
Las cifras son difíciles de ignorar. Musk solicita anular la reestructuración de 2025, destituir a Altman y Brockman, y reclamar hasta 134.000 millones de dólares en daños para la entidad sin ánimo de lucro. Si la jueza falla a su favor, podría bloquear la salida a bolsa de OpenAI, cuya valoración ronda el billón de dólares.
Al mismo tiempo, xAI, la empresa de IA de Musk, podría cotizar en bolsa como parte de SpaceX en junio, con una valoración objetivo de 1,75 billones de dólares. La coincidencia de calendarios no pasa desapercibida: quien gane en el juzgado podría ganar también en los mercados.
El veredicto del jurado es consultivo y no vinculante; la decisión final recae en la jueza Gonzalez Rogers, quien deberá separar el ruido del fondo. Y el fondo es inquietante. Independientemente de quién gane, la pregunta sobre si una organización creada para beneficiar a la humanidad puede seguir siéndolo cuando vale un billón de dólares no tiene respuesta fácil. Como apuntó Horwitz, el interés público en la entidad sin ánimo de lucro ya ha perdido, gane quien gane.