La EPA de la administración Trump celebró esta semana una audiencia pública para recabar comentarios sobre su propuesta de revertir las normas federales que obligan a las empresas eléctricas a vigilar y sanear cientos de vertederos de ceniza de carbón tóxica en todo el país.
El trasfondo no es menor: estudios previos indican que más del 90 % de las centrales eléctricas de carbón en Estados Unidos contaminan el agua subterránea a través de estos residuos. La audiencia reunió a científicos, juristas y comunidades afectadas, todos con una posición definida frente a los cambios propuestos.
Qué son las cenizas de carbón y por qué importan
Las cenizas de carbón —técnicamente denominadas residuos de combustión del carbón— son los restos minerales que quedan tras quemar carbón para generar electricidad. No se trata de un residuo inocuo. Contienen niveles potencialmente tóxicos de mercurio, arsénico y plomo, sustancias vinculadas a problemas graves de salud, incluido el cáncer.
La escala del problema es difícil de ignorar. Un estudio de 2022 elaborado por Earthjustice y otros grupos ambientales concluyó que más del 90 % de las centrales eléctricas de carbón en EE. UU. contaminan el agua subterránea a través de estos residuos.
Más de la mitad de las cenizas producidas cada año se reutilizan en la fabricación de cemento, paneles de yeso u otras aplicaciones industriales. La industria denomina esto «uso beneficioso» y defiende que se trata de un recurso mineral valioso, no de un desecho peligroso. Pero el volumen reutilizado no basta para absorber toda la producción.
Enormes cantidades permanecen almacenadas en balsas y vertederos —tanto en plantas activas como clausuradas— cubiertas con agua o tierra para evitar que contaminen el aire o los cauces fluviales. La propia EPA advirtió en 2002 que el revestimiento deficiente de estas instalaciones permite que los tóxicos se filtren hacia el agua subterránea.
Los cambios que propone la administración Trump
En abril, la administración Trump anunció la derogación de una norma aprobada en 2024 bajo la EPA de Biden, que obligaba a las empresas eléctricas a monitorizar los vertederos de cenizas en plantas inactivas. Su eliminación suprime una capa de vigilancia que había costado años de litigios y evidencia científica construir.
La propuesta va más lejos. Plantea trasladar la supervisión y el cumplimiento normativo a los estados, permitiéndoles eludir los estándares nacionales en determinados casos, y contempla eximir de regulación los sitios de almacenamiento de cenizas. Las empresas también obtendrían la posibilidad de minimizar, posponer o evitar directamente la limpieza de sus instalaciones.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, describió estos cambios como medidas «de sentido común» que reflejan el compromiso de la agencia con restaurar la «dominancia energética» de EE. UU. y fortalecer el llamado federalismo cooperativo. Para los grupos ambientales, esa retórica no altera lo que está en juego.
La ciencia detrás del riesgo: agua, niños y comunidades
Kristina Zierold, profesora de la Universidad de Misisipi, lleva investigando los efectos de las cenizas de carbón en la salud infantil desde 2011. En 2015 recibió una beca de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para estudiar el impacto neurobiológico en niños de entre 6 y 14 años. Sus hallazgos son preocupantes: los niños expuestos presentan mayor prevalencia de depresión y peor rendimiento escolar.
El equipo utilizó muestreo de polvo en los hogares para detectar cenizas y aplicó evaluaciones neuroconductuales en varios formatos. «Si un niño rinde mal en la escuela, eso puede tener efectos en cascada durante toda su vida adulta», advirtió Zierold en la audiencia.
Jennifer Cassel, abogada de Earthjustice con quince años de experiencia en casos de contaminación por cenizas, describió el agua cercana a estos vertederos como «espesa de contaminación, como un té que ha reposado demasiado tiempo». Señaló además que el cambio climático agrava la situación: las lluvias más intensas y los huracanes aceleran la filtración de tóxicos hacia acuíferos y ríos cercanos.
El desastre de Kingston: un precedente ignorado
En 2008, la planta Kingston, en Tennessee, protagonizó uno de los peores desastres industriales de la historia reciente de EE. UU. cuando sus balsas de cenizas colapsaron. Lo que ocurrió después resulta especialmente revelador.
Los 900 trabajadores contratados para la limpieza fueron privados de equipos de protección adecuados y se les aseguró que las cenizas eran seguras. Cientos enfermaron. Decenas han muerto. El caso se convirtió en un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la gestión de residuos tóxicos se deja en manos de estados y empresas sin supervisión federal estricta.
Angie Mummaw, vecina de la planta Cumberland en Tennessee y activista de Appalachian Voices, expresó en la audiencia su agotamiento ante esta situación. Comunidades como la suya, dijo, llevan demasiado tiempo siendo tratadas como «zonas de sacrificio» mientras la industria del carbón solicita exenciones permanentes en lugar de asumir el coste de limpiar lo que ha ensuciado.
La respuesta de la industria y el debate en la audiencia pública
La American Coal Ash Association respaldó los cambios propuestos por la EPA. Su portavoz calificó las cenizas de carbón como un «recurso mineral doméstico infrautilizado» y apoyó eliminar los criterios que definen el «uso beneficioso», argumentando que el material tiene aplicaciones valiosas en cemento, paneles de construcción, agricultura y potencialmente en minerales críticos.
La American Cement Association también apoyó la propuesta, defendiendo en particular que las cenizas destinadas a la fabricación de cemento sean redefinidas no como residuo industrial, sino como parte del proceso productivo. Su representante señaló que la oferta de cenizas está disminuyendo y que estos cambios facilitarían el acceso a reservas históricas.
Los grupos ambientales rechazaron estos argumentos con firmeza. Para ellos, las normas vigentes no son burocracia arbitraria, sino el resultado de años de ciencia, litigios y daños documentados en comunidades reales. Lisa Evans, abogada sénior de Earthjustice y exfuncionaria de la EPA, lo resumió sin rodeos: «La administración Trump ha puesto en peligro el suministro de agua potable del país como un favor a los contaminadores».
El periodo de comentarios públicos permanece abierto. Lo que ocurra a continuación dependerá en parte de cuánta presión acumulen los testimonios recogidos esta semana, y de si los tribunales vuelven a intervenir —como ya lo han hecho en el pasado— para frenar retrocesos regulatorios en materia de cenizas de carbón.