En septiembre de 2014, algo inédito ocurrió en Nueva York: directivos de empresas del Fortune 500, comunidades indígenas, líderes de la sociedad civil y más de 125 jefes de Estado coincidieron en la misma sala durante la Cumbre Climática de la ONU convocada por Ban Ki-moon.
Nunca antes tantos actores tan distintos habían sentado juntos para hablar del clima. Pero aquella imagen dejó en el aire una pregunta que todavía carece de respuesta clara: ¿pueden las ciudades, las empresas y otros actores no tradicionales marcar realmente la diferencia?
Una cumbre sin precedentes: quién se sentó a la mesa
La Cumbre Climática de septiembre de 2014 no fue una reunión ordinaria de líderes políticos. Ban Ki-moon convocó a 125 jefes de Estado, pero también a 481 empresas e inversores, 85 ciudades, 358 organizaciones de la sociedad civil y 16 pueblos indígenas. De ahí surgieron 29 declaraciones y planes de acción conjuntos orientados a reducir emisiones.
Esa diversidad no fue casual: la cumbre se diseñó para ampliar la base del movimiento climático más allá de los gobiernos nacionales. Y en ese sentido funcionó. Nunca antes tantos actores tan distintos habían suscrito compromisos climáticos en un mismo espacio.
¿Cuánto valen realmente esos compromisos?
El equipo del Yale Environmental Performance Index se propuso responder esa pregunta con datos. Su análisis, publicado en Nature Climate Change, concluyó que los planes de la cumbre podrían recortar 2,5 gigatoneladas anuales de CO₂, una parte significativa de la brecha de entre 8 y 10 gigatoneladas que separa los compromisos nacionales del objetivo de limitar el calentamiento a 2 °C.
La cifra, sin embargo, requiere matices. De los 29 planes, solo 8 contienen información suficiente para evaluar su impacto real. Al descontar los que podrían solaparse con esfuerzos nacionales ya existentes, el número se reduce a apenas 5. Un único plan cumple todos los criterios de rigor: la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, el único que combina una fuente de financiación explícita con un objetivo medible, reducir a la mitad la deforestación antes de 2030.
La flexibilidad como arma de doble filo
La apertura de la cumbre fue su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, su principal debilidad. Al no exigir estándares comunes, atrajo a actores muy diversos y generó coaliciones innovadoras, pero también produjo compromisos de calidad muy desigual.
Muchos planes carecen de metas concretas de reducción de emisiones o plazos definidos. Solo 2 de los 29 incluyen compromisos financieros explícitos. Algunos se limitan a expresar la necesidad de «un liderazgo político más firme», sin especificar cómo lograrlo. Hay además un riesgo técnico relevante: si las reducciones de ciudades y empresas se solapan con las de los gobiernos nacionales, el impacto real podría estar sobreestimado, y separar ambas contribuciones sigue siendo un problema sin solución clara.
El reto de integrar actores no estatales en la agenda global
La COP21 de París, celebrada en diciembre de 2015, representó un momento decisivo para determinar cómo encajan estos actores en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. El nuevo acuerdo otorgaba a los países una flexibilidad sin precedentes para fijar sus propios objetivos y métricas, lo que puede ser una oportunidad o un obstáculo según cómo se utilice.
Los gobiernos podrían aprovechar la acción local de ciudades y empresas para reforzar sus compromisos nacionales. Pero si los objetivos son vagos, también puede dificultar la identificación de solapamientos y vacíos. Lo que parece claro es que los actores no estatales no pueden sustituir la ambición de los gobiernos: pueden presionarlos y cubrir espacios que los estados no alcanzan, aunque la responsabilidad central siga recayendo sobre ellos.
Hacia una nueva contabilidad climática
Medir con precisión el impacto de ciudades, empresas y organizaciones civiles exigirá renovar los métodos tradicionales de contabilidad de emisiones. Los marcos actuales fueron diseñados pensando en estados, no en coaliciones híbridas de actores múltiples. Definir criterios claros de mitigación, adaptación y financiación es esencial para distinguir la acción real del greenwashing; sin esos criterios, cualquier compromiso puede aparentar solidez aunque no tenga efecto medible sobre las emisiones.
La dificultad de medir no debería ser, sin embargo, una excusa para ignorar estas contribuciones. El análisis de Yale sugiere que su potencial es real. Lo que falta es el andamiaje institucional para verificarlo.
El camino es largo. Pero la tendencia apunta hacia un modelo climático más plural, en el que gobiernos, empresas, ciudades y comunidades indígenas actúen de forma coordinada. Construir ese sistema de rendición de cuentas compartida será, probablemente, uno de los grandes desafíos de la política climática en los próximos años.