Trabajan, cotizan y construyen una vida. Pero una mayoría creciente de treintañeros españoles alberga una certeza que los mensajes oficiales no logran despejar: que el sistema de pensiones no estará ahí cuando lo necesiten.
Durante años, esa desconfianza fue una inquietud minoritaria. Hoy se ha convertido en la percepción dominante, y la brecha entre lo que garantiza el Gobierno y lo que cree la ciudadanía no deja de ensancharse.
Una alarma que se ha vuelto mayoría
El 68% de los españoles cree que el pago de pensiones se convertirá pronto en un problema económico grave. No es una minoría ruidosa ni un colectivo especialmente afectado: es la percepción extendida en una sociedad que escucha los mensajes tranquilizadores del Ejecutivo y, en su mayoría, no los asume.
Entre quienes comparten esa preocupación, el 70% señala a los jóvenes como los principales perjudicados. Solo el 17% apunta a los mayores. La asimetría resulta significativa, y difícilmente puede ignorarse.
Más de la mitad de los encuestados —el 56%— considera que los pensionistas actuales viven mejor que los trabajadores menores de 40 años. Solo uno de cada cuatro cree que los jóvenes se encuentran en mejor posición económica que quienes ya cobran pensión. Los datos proceden de una encuesta de Funcas realizada sobre una muestra representativa de 1.127 personas de entre 18 y 75 años.
La generación más escéptica: los de 31 a 45 años
Entre la población activa, el escepticismo roza la unanimidad. El 79% considera que las reformas aprobadas no garantizarán su futura pensión. El dato más revelador, sin embargo, aparece al segmentar por edad.
Entre los de 31 a 45 años, nueve de cada diez creen que las reformas actuales serán insuficientes. Son personas en plena construcción de su trayectoria laboral y familiar, y su desconfianza no es abstracta: condiciona decisiones concretas sobre ahorro, vivienda e hijos. El 93% de los trabajadores que aún no se han jubilado da por hecho que el sistema sufrirá nuevas modificaciones antes de su retiro.
Dos de cada tres trabajadores mayores de 30 años afirman estar muy preocupados por no poder mantener un nivel de vida digno con su pensión futura.
El rechazo a las soluciones: nadie quiere pagar la factura
La sociedad reconoce el problema. Pero cuando se plantean medidas concretas para resolverlo, el rechazo es amplio y transversal.
El 87% rechaza retrasar la jubilación hasta los 70 años, y el 70% ya considera excesiva la edad actual de 67. El 73% se opone a ampliar los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. Tampoco las medidas orientadas a aumentar ingresos encuentran respaldo: el 66% rechaza un impuesto específico para financiar las pensiones, y el 54% se opone a subir las cotizaciones sociales.
La paradoja es evidente. Una mayoría amplia reconoce que el sistema tiene un problema serio, pero rechaza de forma mayoritaria todas las vías disponibles para afrontarlo. Es una contradicción que ningún partido político ha logrado resolver, y que convierte cualquier reforma en un ejercicio de equilibrismo permanente.
El único punto de apoyo: más contributividad
En medio de ese rechazo generalizado, la encuesta de Funcas identifica un único terreno con respaldo social suficiente: el refuerzo del carácter contributivo del sistema.
El 58% de los españoles considera que las pensiones deberían estar más vinculadas a las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Funcas lo describe como el único «punto de apoyo» para una eventual reforma viable. La investigadora Elisa Chuliá, responsable del estudio, subraya que el éxito de esa reforma dependería de un diseño técnico sólido y de una comunicación clara dirigida a todas las generaciones, con el objetivo de generar confianza en que las prestaciones futuras serán justas y previsibles. Mientras tanto, Alemania ya prepara una pensión privada obligatoria y estudia vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida.
El ahorro privado: una salida desigual
Ante la incertidumbre, el 59% de los trabajadores considera razonable complementar la jubilación con ahorro o inversión privada. Es una mayoría, pero con matices que importan.
Entre los hogares con ingresos superiores a 3.000 euros mensuales, el apoyo a esta opción sube hasta el 72%. Entre quienes llegan con dificultades a fin de mes, el respaldo cae de forma significativa. La brecha es lógica: ahorrar para la jubilación exige una capacidad económica que no todos tienen, y la AIReF ha advertido en reiteradas ocasiones de que la reforma impulsada por el Gobierno no garantiza la sostenibilidad del sistema.
Si el ahorro privado se convierte en la principal red de seguridad, quienes menos ganen serán también quienes peor estén protegidos. Eso plantea una pregunta que va más allá de los números: ¿qué tipo de contrato social queremos entre generaciones? La desconfianza que hoy expresan los jóvenes no es solo un dato estadístico. Es una señal de que ese contrato, tal como está escrito, ya no convence a quienes tendrán que sostenerlo.