En marzo de 2026, la Asociación de la Industria de Semiconductores —de la que Nvidia es miembro— calificó públicamente los mandatos de rastreo de chips como “nuevos, no probados y potencialmente inviables”. Pero en privado, los representantes de Nvidia le habrían dicho al congresista Bill Foster exactamente lo contrario: “claro que podemos hacerlo”.
La discrepancia entre lo que la industria afirma ante los legisladores y lo que reconoce en los despachos plantea una pregunta incómoda: si la tecnología existe, ¿por qué no se está usando ya? El escándalo en torno al ex CEO Jensen Huang y su supuesta relación con una presunta espía china añade una capa de urgencia política a esta cuestión técnica.
La doble versión de Nvidia
El congresista Bill Foster, copatrocinador de la Ley de Seguridad de Chips, afirma que representantes de Nvidia le dijeron en reuniones técnicas que implementar el rastreo era factible. No fue una conversación casual ni una interpretación optimista. Según Foster, fue una reacción directa: “sí, claro que podemos hacer esto”.
La Semiconductor Industry Association, de la que Nvidia es miembro, se opuso públicamente al proyecto de ley en marzo de 2026. En un escrito oficial, calificó los mandatos de rastreo como “nuevos, no probados y potencialmente inviables”. Es la misma organización que representa los intereses de Nvidia ante los legisladores.
Foster señala que Nvidia nunca puso nada por escrito. La confirmación se produjo solo en discusiones técnicas, lejos de los documentos oficiales. Nvidia no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la caracterización de Foster.
Fleet Intelligence: la prueba técnica que ya existía
En diciembre de 2025, Nvidia anunció una herramienta llamada Fleet Intelligence. Permite a los clientes monitorizar el rendimiento de sus chips avanzados en diferentes centros de datos. La propia Nvidia confirmó a Reuters que esta herramienta podía indicar en qué país se encontraban los chips.
Sin embargo, la empresa no quiso detallar si podría usarse para prevenir el contrabando. Cuando MIT Technology Review preguntó directamente en octubre si Fleet Intelligence podía prevenir esta práctica, Nvidia evitó responder. En su lugar, envió una declaración que minimizaba el problema del desvío de productos controlados.
La herramienta existía. La capacidad técnica estaba demostrada. Pero la conexión con el contrabando seguía sin confirmarse públicamente.
El escándalo que lo cambió todo
La dimisión del CEO Jensen Huang y su supuesta relación con Alice Huang, directora de Megaspeed, ha reavivado el debate sobre el rastreo de chips. Megaspeed es una firma singapurense investigada por contrabando de GPU avanzadas a China.
La empresa supuestamente compraba chips a Supermicro, que ensambla los chips de Nvidia en servidores. Una investigación del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre Megaspeed fue supuestamente detenida tras la intervención de Nvidia.
El escándalo ha generado presión política adicional sobre las empresas. Los legisladores ahora exigen que validen geográficamente la ubicación real de sus chips. La pregunta ya no es si la tecnología existe, sino por qué no se ha usado.
Qué exige la ley y qué se queda corta
La Ley de Seguridad de Chips exigiría un mecanismo de rastreo mediante inspecciones de instalaciones, declaraciones de las empresas o mecanismos de geolocalización por ping. El método basado en ping es el más difícil de eludir. Requeriría que la GPU enviara una señal de su ubicación al conectarse. El Center for Security and Emerging Technology lo calificó como la opción más rentable en septiembre.
Pero los mecanismos de rastreo solo indicarían dónde están los chips. No permitirían desconectarlos si se descubre que han sido introducidos de contrabando. Foster planea introducir legislación más estricta que requeriría licencias para operar GPU avanzadas, verificadas antes de que el chip pudiera conectarse.
La pregunta que Foster no hizo
Foster admite que no preguntó a los representantes de Nvidia por qué no estaban adoptando voluntariamente estas herramientas de rastreo si técnicamente podían hacerlo. Es una omisión reveladora. La discrepancia entre la capacidad técnica privada y la oposición pública de la industria plantea dudas sobre los incentivos reales de las empresas para combatir el contrabando.
Foster afirma que la controversia en Nvidia ha aumentado el apoyo entre sus colegas para las reglas del proyecto de ley. “Habrá mucha presión política sobre las empresas para que hagan un muy buen trabajo de validación geográfica”, dice.
La tecnología existe. La voluntad de usarla sin mandatos legales sigue siendo la gran incógnita.