Durante años, los centros de datos han ido extendiéndose por el norte del estado de Nueva York: tierras de cultivo reconvertidas, pequeños municipios presionados y redes eléctricas que empiezan a acusar el peso de estas instalaciones de consumo masivo. El fenómeno, impulsado por la explosión de la inteligencia artificial, ha transformado comunidades rurales de los condados de Niagara y Erie hasta los Finger Lakes sin que existiera un marco regulatorio estatal.
Ahora, la Legislatura de Nueva York ha dado un paso sin precedentes en Estados Unidos al aprobar una moratoria de un año sobre nuevos permisos de construcción para grandes centros de datos.
Una industria sin freno que transforma el paisaje energético
La inteligencia artificial ha disparado la demanda de centros de datos a escala global. Estas instalaciones consumen enormes cantidades de electricidad para mantener sus servidores operativos y necesitan agua para la refrigeración. El impacto no es abstracto: se concreta en proyectos específicos sobre territorios específicos.
En Nueva York, las propuestas se han multiplicado en comunidades del norte del estado, desde los condados de Niagara y Erie, en la frontera con Canadá, hasta East Fishkill, en el sureste. Muchas de estas instalaciones se planifican en zonas rurales, donde la oposición vecinal no ha dejado de crecer.
El operador de la red eléctrica estatal ya ha advertido de que estos proyectos presionan la infraestructura y dificultan el cierre de centrales de gas obsoletas. Los centros de datos suelen depender además de generadores diésel altamente contaminantes como respaldo energético, y algunos incluso operan sus propias plantas de gas para garantizar el suministro continuo.
La respuesta legislativa: la Ley de Desarrollo Responsable de Centros de Datos
Ante esta presión creciente, la Legislatura de Nueva York aprobó la Responsible Data Center Development Act. La norma establece una moratoria de un año sobre nuevos permisos para instalaciones con un consumo pico superior a 20 megavatios. Si la gobernadora Kathy Hochul la firma, Nueva York se convertiría en el primer estado del país en adoptar una medida de este tipo.
La ley también exige audiencias públicas locales antes del inicio de la construcción y un informe de impacto ambiental estatal en un plazo de 18 meses. Obligaría asimismo a los centros de datos a cubrir al menos un tercio de su consumo con energías renovables a partir de 2030, con una exigencia que iría aumentando progresivamente. La senadora Kristen Gonzalez, demócrata impulsora del proyecto, lo justifica con claridad: es necesario proteger a las comunidades de facturas eléctricas más altas y preservar los recursos ambientales del estado.
Comunidades rurales en primera línea: el caso de Oneonta y los Finger Lakes
Mientras el debate se dirimía en Albany, algunos municipios ya habían actuado por su cuenta. El supervisor de Oneonta, William Rivera, relata que se enteró de los planes de Eco-Yotta Inc. en una reunión vecinal: la empresa pretendía reconvertir más de 60 hectáreas de tierra agrícola para construir un centro de datos. Su administración aprobó una moratoria local de 12 meses.
Rivera denunció que estas grandes corporaciones han llegado a conseguir que responsables municipales firmaran acuerdos de confidencialidad para ocultar datos sobre consumo de energía y agua. La opacidad ha sido la norma, no la excepción.
Organizaciones como Sustainable Finger Lakes llevan tiempo reclamando una intervención estatal. Gay Nicholson, de esa organización, fue directa: la carga de analizar y defenderse frente a los despachos jurídicos de los promotores no puede recaer sobre voluntarios de juntas de planificación local. La nueva legislación obligaría a los promotores a ser más transparentes sobre el uso de recursos locales.
El debate económico: empleos frente a impacto ambiental
La industria ha reaccionado con dureza. Portavoces del sector advierten de que la moratoria disuadirá la inversión y enviará una señal negativa sobre el clima de negocios en Nueva York. El Consejo Empresarial del estado calificó las medidas de «inviables» y con impacto adverso sobre el desarrollo económico.
Los sindicatos de la construcción también expresan preocupación. Ed Nadeau, presidente de la New York State Pipe Trades Association, señaló que sus trabajadores llevan años formándose para construir y mantener este tipo de instalaciones. No se opone al resto del proyecto de ley, pero sí al año de parálisis.
Gonzalez responde con datos. Una subvención de 77 millones de dólares a un centro de datos cerca de la frontera con Nueva Jersey generó únicamente un empleo permanente. La senadora defiende que invertir en vivienda y en mejora de la red eléctrica también creará empleo cualificado, y de forma más distribuida.
La decisión pendiente y lo que viene después
Todo depende ahora de la firma de Hochul. La gobernadora, en año electoral, ha indicado que prefiere dejar la regulación en manos de los municipios, sin comprometerse públicamente con la ley. El precedente de Maine, donde el gobernador vetó una medida similar en abril, muestra que este tipo de iniciativas no tienen el camino despejado.
El debate, en cualquier caso, apenas comienza. Activistas y expertos en justicia ambiental subrayan que los centros de datos son un sector industrial nuevo y prácticamente sin regular. Bridge Rauch, de la Clean Air Coalition of Western New York, lo resume con precisión: las comunidades y el estado necesitan tiempo para desarrollar normas adecuadas.
Lo que ocurra en Nueva York podría marcar un precedente nacional. Otros estados observan cómo se gestiona aquí la tensión entre infraestructura digital, consumo energético y derechos comunitarios. La decisión de Hochul, y el marco regulatorio que surja después, definirán si el modelo neoyorquino acaba siendo referencia o advertencia para el resto del país.