Durante décadas, el carbón fue perdiendo peso en el sistema eléctrico de Estados Unidos de forma sostenida: pasó de generar más de la mitad de la electricidad del país en 1990 a apenas un 17 % en 2025.
Aun así, en un solo día, el gobierno federal anunció más de 775 millones de dólares en nuevas inversiones en este combustible. El dinero irá destinado a extender la vida útil de doce centrales, construir nuevas plantas en Alaska y Virginia Occidental, y financiar una terminal de exportación en Oakland, California.
Un giro federal contra la tendencia de décadas
El Departamento de Energía anunció 425 millones de dólares para prolongar la vida útil de doce plantas de carbón repartidas en nueve estados —entre ellos Virginia Occidental, Kentucky, Arizona y Wisconsin—. Otros 350 millones se destinarán a construir nuevas plantas en Anchorage y Mount Storm, modernizar una instalación en Puerto Rico y reactivar una planta clausurada en 2024 en Cumberland, Maryland.
El secretario de Energía, Chris Wright, encuadró la inversión bajo el concepto de «dominancia energética» y seguridad nacional. Todo ello ocurre mientras el carbón ha pasado de generar más del 50 % de la electricidad del país en 1990 a solo el 17 % en 2025: una caída de más de tres décadas sin pausa.
La justificación del gobierno: seguridad, defensa y centros de datos
La administración Trump canalizó parte de los fondos a través de la Ley de Producción de Defensa, argumentando que el carbón aporta resiliencia a instalaciones militares e industrias críticas. Michelle Bloodworth, portavoz del grupo sectorial America’s Power, defendió que las plantas de carbón ofrecen energía de base continua con almacenamiento de combustible en el propio emplazamiento, algo «difícil de replicar».
El presidente también sugirió que el carbón podría cubrir la creciente demanda energética de la industria de centros de datos. Entre los proyectos financiados figura una terminal de exportación en Oakland, California, por 75 millones de dólares —pese a que la ciudad ya había manifestado su oposición antes de que el anuncio se produjera—.
Las voces críticas: costes, fiabilidad y alternativas más baratas
El abogado Michael Lenoff, de Earthjustice, rechazó el argumento de la defensa nacional. Calificó de irrazonable sostener que la seguridad del país requiere «una tecnología cara, antigua y poco fiable», mientras el gobierno frena el desarrollo del almacenamiento energético, la solar y la eólica.
Ted Kelly, del Environmental Defense Fund, fue más directo: «Estas plantas están programadas para cerrar por una razón. Son antieconómicas y existen alternativas más baratas, limpias y fiables«. La medida de emergencia para mantener abierta una planta en Orlando, Florida, que debía retirarse este mes, amenaza además con encarecer las facturas de familias y empresas en un momento de presión sobre el coste de vida.
El coste para la salud pública: lo que dice la ciencia
A lo largo de todo su ciclo de vida, el carbón contamina el aire, el agua y el suelo. Los expertos lo asocian a enfermedades cardiovasculares, asma, cáncer de pulmón, partos prematuros y muertes prematuras —con niños y adultos mayores como grupos especialmente expuestos, según la profesora Mary Willis, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston—.
Los datos son elocuentes. Antes de 2009, el 25 % de todas las muertes de pacientes de Medicare atribuibles a partículas PM2,5 se relacionaban con el carbón; después de 2012, esa cifra cayó al 7 %. Willis atribuye esa reducción al menor uso del carbón y a los dispositivos de control de la contaminación. La relajación de las normativas sobre cenizas de carbón por parte de la EPA agrava las preocupaciones en torno a plantas activas e inactivas.
Comunidades en el epicentro: entre el empleo y la incertidumbre
En Virginia Occidental, el especialista en asuntos gubernamentales Quenton King, de Appalachian Voices, reconoció que el carbón no ha muerto en el estado, pero lamentó el enfoque de la inversión: «No estamos construyendo grandes paneles solares en Virginia Occidental; solo mantenemos los sistemas de carbón». Para King, las alternativas energéticas quedan sin financiación mientras las plantas de carbón —más caras de construir— sí la obtienen.
En el condado de Mercer, Dakota del Norte, el comisionado Casey Voigt adoptó una postura distinta. «No tenemos sustitutos fiables para la energía del carbón en este momento», afirmó, subrayando los empleos que genera el sector en su comunidad. El debate local refleja una tensión real entre la dependencia económica de muchas regiones y los riesgos sanitarios y medioambientales documentados durante décadas.
Esa tensión no tiene una respuesta sencilla. Invertir 775 millones en un combustible en declive puede aliviar a corto plazo la incertidumbre de ciertas comunidades, pero los datos sobre salud pública y los costes crecientes del carbón frente a las renovables plantean una pregunta que trasciende la política energética: ¿quién pagará, y con qué, las consecuencias de esta apuesta a largo plazo?