Hubo un tiempo en que California era el corazón petrolero de Estados Unidos: llegó a producir el 40 % del crudo nacional. Hoy genera menos del 2 %, y el 60 % del petróleo que abastece sus refinerías llega del extranjero. Mientras tanto, sus residentes pagan la gasolina y la electricidad más caras del país.
Este declive no fue casual. Fue el resultado acumulado de decisiones políticas que, durante décadas, fueron cerrando refinerías, encareciendo la energía y aumentando la dependencia exterior. Ahora, por primera vez en años, hay señales de que algo empieza a moverse en sentido contrario.
De gigante petrolero a importador neto: dos décadas de caída
La caída de California como productor energético no ocurrió de golpe. Una serie de restricciones regulatorias fue reduciendo progresivamente la actividad extractiva y encareciendo la operación de refinerías hasta hacerla inviable. El estado que en el año 2000 contaba con 23 refinerías operativas hoy tiene apenas 12, con una más —la de Valero en Benicia— que cerrará en mayo de 2026.
Los cierres más recientes tienen un peso particular. Phillips 66 y la refinería de Valero en Benicia representaban juntas casi el 20 % del suministro de gasolina del estado. Su desaparición no solo reduce capacidad productiva: obliga a importar más, encarece la logística y hace el sistema más vulnerable ante cualquier perturbación externa.
Las importaciones de crudo extranjero se han triplicado en los últimos veinte años. Hoy el 60 % del petróleo que procesan las refinerías californianas llega del exterior, una tendencia que va a contracorriente del resto del país: la mayoría de estados han reducido su dependencia del petróleo importado durante ese mismo periodo.
El precio de las políticas energéticas: gasolina y electricidad por las nubes
Las consecuencias de este modelo se notan directamente en el bolsillo. California aplica los impuestos y tasas sobre gasolina más altos del país: 70,9 centavos por galón, más del doble de la media nacional. Pero los impuestos son solo una parte del problema.
Según una investigación de CBS News publicada en 2026, los costes específicos del estado —tasas regulatorias, exigencias de mezclas de combustible especiales y recargos medioambientales— representan el 55 % del precio de cada galón vendido en California. Es lo que se conoce como la «prima californiana»: un sobrecoste estructural que no depende del mercado global, sino de decisiones políticas locales.
La electricidad sigue el mismo patrón. El precio residencial en California es de 30,29 centavos por kilovatio hora, frente a los 17,45 de media nacional, y desde 2014 esa tarifa ha subido un 96 %. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, publicado en 2026, señala que California tiene la tasa de pobreza ajustada más alta del país, vinculada directamente al elevado coste de vida que generan, en parte, estas tarifas energéticas.
Seguridad nacional en juego: más de 30 bases militares dependen de energía importada
La dependencia del crudo extranjero no es solo un problema de facturas domésticas. California alberga más de 30 instalaciones militares estadounidenses, todas expuestas a la misma vulnerabilidad logística que afecta al resto del estado.
Depender de importaciones para abastecer infraestructura de defensa introduce un riesgo que va más allá de lo económico. Cualquier interrupción en las cadenas de suministro internacionales —por conflictos, sanciones o crisis geopolíticas— podría afectar directamente a la operatividad de esas bases. Es un flanco que contrasta con la tendencia nacional: mientras la mayoría de estados han reducido su exposición al petróleo importado, California la ha triplicado.
La reactivación: petróleo vuelve a fluir desde Santa Bárbara
En marzo de 2026 se produjo el primer movimiento concreto en sentido contrario. El secretario de Energía de Estados Unidos ordenó a Sable Offshore Corp. restaurar las operaciones de la Unidad Santa Ynez y su sistema de oleoductos, alegando riesgos para el suministro energético del estado.
La respuesta fue rápida. El oleoducto comenzó a bombear crudo hacia instalaciones de Chevron a un ritmo superior a los 50.000 barriles diarios —un aumento del 15 % en la producción petrolera intraestatal de California—, y se estima que la operación podría reemplazar casi 1,5 millones de barriles de crudo extranjero al mes.
La medida ha generado debate. Sus defensores la presentan como un paso necesario para reducir la dependencia exterior y abaratar la energía; sus críticos señalan que reactiva una industria que California lleva años tratando de reducir dentro de sus compromisos climáticos. Ninguna de las dos lecturas es del todo incorrecta.
Un dilema sin resolver: producción doméstica frente a transición energética
El caso de California ilustra una tensión que no es exclusiva de este estado, pero que aquí se manifiesta con especial claridad. La Oficina del Analista Legislativo de California reconoció en enero de 2025 que las políticas climáticas agresivas han sido un factor directo en el rápido aumento de las tarifas eléctricas residenciales. A escala nacional, los estados con políticas más restrictivas hacia los combustibles fósiles tienen precios eléctricos un 50 % más altos de media.
Esto no significa que las políticas climáticas sean necesariamente un error. Tienen un coste real, y ese coste lo están pagando, de forma desproporcionada, los hogares con menos recursos.
La pregunta que deja abierta la trayectoria de California es más amplia que la del petróleo: ¿cómo se gestiona una transición energética sin que sus costes recaigan sobre quienes menos pueden asumirlos? La reactivación de Santa Ynez es una respuesta provisional a una crisis inmediata. El dilema de fondo —producción local frente a descarbonización, alivio a corto plazo frente a compromisos a largo plazo— sigue sin resolverse, y California lo tiene planteado con una claridad incómoda para todos.